El pasado 1ero de abril, el Parlamento español aprobó la nueva Ley de residuos y suelos contaminados. Se trata de un avance muy importante para impulsar la economía circular en España. En los últimos años, se han registrado importantes avances en la gestión de residuos, pero España sigue lejos de las metas establecidas por la Comunidad Europea. En 2025, se supone que se debe alcanzar el 55% de los residuos reciclados. Para 2030, ese porcentaje debería alcanzar el 60%.  

Para fomentar el cumplimiento de estos objetivos, la nueva Ley de residuos incluye objetivos concretos y cuantificables. La reducción del peso de los residuos producidos se establece en un 13% en 2025, y un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010. Además, la ley prevé que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 m2 destinen el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario. Para responder a esta necesidad, se puede incluir la venta a granel o el uso de envases reutilizables.  

En esta nota, repasamos los principales puntos de la nueva normativa: la gestión eficiente de residuos, la trazabilidad, las limitaciones al plástico de un solo uso, la responsabilidad ampliada del productor, y la gestión de suelos contaminados. 

Una de las razones de la nueva Ley fue la necesidad de realizar cambios urgentes en los modelos actuales de gestión de residuos. En este sentido, la normativa establece nuevas recogidas separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos. Se establecieron las siguientes recogidas para su posterior tratamiento diferenciado, bien mediante preparación para la reutilización o mediante el reciclado de calidad. 

• Biorresiduos 
• Textiles 
• Domésticos peligrosos 
• Aceites de cocina usados y voluminosos 

La normativa establece que los modelos de recogida para estos residuos deberán ser más eficientes. Se priorizarán modelos como el de puerta a puerta, o el uso de contenedores cerrados o inteligentes. 

Además de las recogidas separadas ya existentes para el papel, los metales, el plástico y el vidrio, la nueva ley introduce un calendario de implantación de esas recogidas. El objetivo es establecer recogidas separadas de residuos para su preparación para la reutilización, reciclado y valorización. 

De esta manera, a partir de julio de 2022 los biorresiduos de origen doméstico deberán recogerse separadamente en las entidades locales con población superior a cinco mil habitantes. Esto se extenderá al resto de las entidades locales a partir de 2024.

Una de las claves para la gestión eficiente e inteligente de la basura es la trazabilidad. De esta manera, se obtiene información sobre la generación y gestión de los residuos, desde su generación hasta su completo tratamiento. Entre las medidas de la nueva ley hay algunas que fomentan esta trazabilidad. 

Estas medidas de mejora de la información abarcan también a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Con estas medidas se busca garantizar la disposición por parte de las administraciones de toda la información necesaria para verificar el correcto funcionamiento de estos procesos. De esta manera, se asegura una mayor transparencia de este instrumento. 

A pesar de que en Europa ya rija una directiva que prohíbe la venta de pajitas, cubiertos de plástico y otros objetos de usar y tirar, en España todavía no está regulado. Sin embargo, la nueva normativa establece una apuesta decidida contra este tipo de plásticos. Se incluye una serie de medidas que atacan su uso desde varios frentes. 

Las medidas de la Ley van desde la reducción, la sensibilización y el ecodiseño hasta el uso de instrumentos económicos como la responsabilidad ampliada del productor. Incluso, la normativa plantea la restricción para determinados productos de plástico como cubiertos, platos o pajitas, entre otros. Además, se prevé evaluar el grado de cumplimiento de estas medidas en 2023 y en 2027. En caso de que se no cumplan los objetivos fijados para ese año, se implantará un sistema de depósito, devolución y retorno en el plazo de dos años, que afectaría a otros envases además de las botellas de plástico. 

Entre las medidas que establece la Ley, encontramos las siguientes: 

• A partir del 1 de enero de 2023 se cobrará al cliente una cantidad por cada producto de plástico no reutilizable que se entregue, especificando este coste adicional en el ticket. 
• Los locales de hostelería (restaurants, bares y cafeterías) deberán ofrecer -de forma gratuita a los clientes- agua no envasada. 
• Se prohíbe la introducción en el mercado de bastoncillos de algodón (excepto los de uso sanitario), cubiertos, platos o pajitas de plástico. 

Por último, la nueva normativa de residuos introduce un impuesto estatal a los envases de plástico no reutilizables. El objetivo de esta medida es avanzar en prevención y en la reducción de su uso en España. 

La nueva normativa establece varias medidas que apuntan a regular la responsabilidad ampliada del productor en coherencia con la normativa comunitaria. De esta manera, los productores deben asumir la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de los residuos. Este sistema es considerado por la Comisión Europea como un instrumento clave para la mejora de la gestión de estos residuos y la aplicación del principio de jerarquía. 

La nueva Ley de residuos introduce previsiones de desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor para varias industrias. Entre ellas, encontramos la industria de textiles, los muebles y enseres y los plásticos de uso agrario. Todas ellas se regularán en el plazo de 3 años desde su entrada en vigor. 

Y junto con esta responsabilidad, la nueva ley establece una fiscalidad verde. Concretamente, se trata de dos nuevos impuestos. Por un lado, esta medida fiscal se aplicará a los envases de plástico, antes mencionado. Pero, además, se establece un impuesto al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración.  

Este instrumento fiscal servirá para cambiar la gestión de los residuos, en especial, los residuos municipales en España. El objetivo es disminuir el uso de las operaciones de tratamiento menos favorables según el principio de jerarquía de residuos, y lograr mayores avances en los objetivos de reciclado establecidos. 

Respecto a la regulación de los suelos contaminados, se mantiene el régimen jurídico anterior. Este régimen aborda cuestiones como actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, y la recuperación de los suelos. 

La novedad que aporta la nueva normativa es la creación del Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados. Este registro se completará en base a los registros autonómicos. Además, la nueva Ley precisa ciertos aspectos del procedimiento de declaración de suelos contaminados y su descontaminación.  

Concretamente, se establece que la declaración de un suelo como contaminado puede implicar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación o de otros usos del suelo. A esta medida se le suma el establecimiento de un plazo máximo de 3 años para ejecutar las operaciones de descontaminación. 

Respecto al seguimiento legislativo, la nueva Ley de residuos entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por Khrystyna Kinson